La Comisión Europea pone fecha límite a los coches de combustión: a partir de 2035 no se podrán vender y plantea impuestos a la aviación y los barcos. #España #Europa #Coches #Combustible #Venta #Impuestos #Eléctricos #Transporte #Movilidad #Fabricas #Ecología #Planeta #Naturaleza #Afectados #Gregoriff #UnaAlternativa1

La Comisión Europea ha presentado este miércoles una batería de medidas, reformas y nuevas legislaciones que deben empujar a los sectores más contaminantes a reducir drásticamente sus emisiones. El pilar climático y medioambiental está a la cabeza de la agenda comunitaria en esta legislatura, y aunque hay consenso en las 27 capitales en la necesidad de dar pasos de gigante, también está claro que la lucha contra el cambio climático tiene un precio y ese pasa por un cambio radical en cómo nos movemos o cómo vivimos, uno que repercutirá en el bolsillo de los europeos a corto plazo.

En diciembre de 2020, después de un largo tira y afloja, los líderes de la Unión Europea se comprometieron a alcanzar la neutralidad climática en 2050 y reducir las emisiones respecto a 1990 en un 55% para poder lograrlo. Desde hace unas semanas, tras la entrada en vigor de la Ley del Clima, ya no es un eslogan político, buenas palabras o una promesa, es una obligación legal.

Gran parte de la docena de instrumentos que hay sobre la mesa ya existen y, de hecho, han sido clave en la reducción de emisiones de gases con efectivo invernadero en el continente en la última década. Pero incrementar los objetivos no solo supone actualizar la legislación, sino también ampliar los sectores que se ven afectados e incluir nuevas herramientas que ayuden a alcanzarlos.

Hasta siete miembros de la Comisión, incluida la presidenta Ursula Von der Leyen, han comparecido hoy en la rueda de prensa. Hay una norma no escrita que dice que el número de comisarios presente es inversamente proporcional a la importancia de la medida. Esto es quizás una excepción y tiene más que ver con la compleja naturaleza del paquete de medidas que presente el ejecutivo y que toca, de una u otra forma, grandes carteras desde transporte o energía hasta agricultura.

“Europa es ahora el primer continente que presenta una arquitectura integral para cumplir con nuestras ambiciones climáticas. Teníamos el objetivo, pero ahora presentamos la hoja de ruta de cómo vamos a llegar allí. Nuestro paquete tiene como objetivo combinar la reducción de emisiones con medidas para preservar la naturaleza y poner el empleo y el equilibrio social en el centro de esta transformación. Y también muestra el valor que generará esta transformación y cómo la inversión pública y privada pueden y por supuesto trabajarán juntas para hacerla realidad,” ha asegurado la presidenta.

Golpe al transporte

El régimen de comercio de derechos de emisión es un mecanismo que impone un límite máximo a los gases de efecto invernadero que pueden emitirse en determinados sectores. Ese límite disminuye a lo largo del tiempo para garantizar la reducción de emisiones. Por debajo de esa barrera, se puede comercial con los derechos de emisión para cubrir la contaminación máxima permitida al año y así evitar sanciones. Quienes han emitido menos pueden vender sus derechos. Los que se pasan, compran.

Hasta ahora, ese sistema se aplicaba a la producción de electricidad, sectores de consumo energético intensivo, como refinerías de petróleo o acerías, y también al sector de la aviación y ha logrado casi un 43% de reducción desde su creación en 2005. Con la propuesta de hoy, se reduce el límite de emisiones y se amplía el mercado al transporte marítimo, una de las áreas más contaminantes. En paralelo, otras legislaciones trataran de incentivar el uso de combustibles menos contaminantes y energías limpias.

Además, se crea un nuevo mercado de emisiones específico para edificios y el transporte por carretera. Este último no estará en marcha antes de 2026 y no serán los conductores o los propietarios quienes tengan que pagar, sino los proveedores de los combustibles necesarios para los vehículos o la calefacción.

La Comisión teme que esto acabe repercutiendo en el precio final. Por ello, por un lado, se compromete a tratar de controlar que no se den picos en el coste y dar margen a la evolución del sector hacia tecnologías menos contaminantes. 

Por otro, pondrá en marcha un fondo social que los países deben dedicar, entre otras cosas, a atajar la pobreza energética o de transporte. En torno a un 25% de la recaudación del comercio de derechos de emisión deberá ir a ese fondo al que los estados miembros de la UE también deberán contribuir de su bolsillo.

“Este fondo servirá para apoyar los ingresos y las inversiones para abordar la pobreza energética, y para reducir las facturas de los hogares vulnerables y las pequeñas empresas. Es un apoyo real para aquellos que más lo necesitan,” ha insistido Von der Leyen.

Los coches en el punto de mira.

No es solo que el transporte por carretera esté en el punto de mira. La Comisión ha puesto fecha al fin de la venta de coches que utilicen un motor de inyección y combustibles fósiles: 2035. En 2030, la industria tendrá que haber logrado una reducción de las emisiones del 55%. En 2030, todos los coches que se produzcan en la UE tendrán que ser cero emisiones. Esto excluye también los vehículos híbridos. “Emisiones cero es emisiones cero, puedes usar un motor de inyección, pero esa tecnología no se ha inventado hasta ahora”, advierte una alta fuente europea.

A día de hoy, con las tecnologías existentes, la desaparición de los coches contaminantes pasa por los eléctricos. Por eso la Comisión insiste en la necesidad de apoyar la industria de las baterías, y descarbonizarla, pero también por crear infraestructuras de recarga a lo largo de todo el territorio. Por eso, la revisión de la regulación en materia de combustibles alternativos prevé empujar a los países a crear puntos de carga para coches eléctricos cada 60km y de hidrógeno cada 150km en las grandes autopistas, haciendo uso, entre otros instrumentos, del fondo de recuperación.

El ejecutivo confía en los esfuerzos de la industria para transformar la flota en los próximos años y considera que el margen es más que suficiente para la adaptación, aunque reconoce que los retos son importantes y que inevitablemente repercutirá en el empleo. “No estamos prohibiendo los coches, estamos proponiendo una alternativa”, insiste la misma fuente que explica que el objetivo es generar suficientes incentivos para que haya mercado para la fabricación de coches no contaminantes y además, sean asequibles, y también que se desarrolle progresivamente un mercado de segunda mano de este tipo de vehículos.

El foco en la energía

La producción de energía, de hecho, es responsable del 75% de emisiones y acelerar la transición en este ámbito es crucial. Para hacerlo, la Comisión quiere también que los impuestos a la energía estén alineados en toda la Unión y sean compatibles con los objetivos de transformación verde.

La directiva existente, entiende el Ejecutivo, incentiva el uso de combustibles fósiles que aspira a eliminar en la próxima década. Sin embargo, las decisiones de política fiscal en la UE requieren unanimidad. Alcanzar un acuerdo entre los estados miembros -con el este aún dependiendo en gran medida del carbón- no será fácil. Pero la Comisión advierte que el paquete de medidas está fuertemente interconectado. Y si una pieza sale, necesitará de una alternativa.

También quiere aumentar el objetivo de uso de renovables y lograr que un 40% de la energía provenga de esta fuente en 2030. Todos los países deberán trabajar en este ámbito para lograrlo, lo que permitiría además reducir la dependencia de Europa de terceros países, como Rusia o Estados Unidos.

Pero no se trata solo del tipo de energía que usamos sino de cuánta. La Comisión también ha actualizado la legislación en materia energética que obligará al sector público, entre otras cosas, a renovar el 3% de sus edificios para que consuman menos. La medida también aspira a impulsar el uso de biocarburantes.

3.000 millones de árboles

La Comisión también ha presentado una nueva estrategia forestal que trata de reconciliar la necesidad de preservar los ecosistemas para proteger la biodiversidad, con la actividad económica de los bosques -incluida la producción de biocombustibles- y el rol que juegan las zonas verdes a la hora de absorber emisiones.

Este punto también ha levantado suspicacias entre algunos países que consideran que la Comisión se está extralimitando en sus competencias y que la gestión de los bosques es una cuestión nacional.

Diplomacia verde

Otro de los puntos más esperados -y también más controvertidos- de la propuesta es la puesta en marcha de un mecanismo de ajuste del carbono en frontera, conocido como CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) por sus siglas en inglés. Este mecanismo se aplicará a aquellas compañías que comercien con aluminio, acero, cemento y fertilizantes en la UE y que verán tasados sus productos si proceden de países con precios al carbono más bajos que los de la Unión.

El objetivo es evitar que las empresas europeas trasladen sus fábricas a países donde la regulación de la contaminación sea más laxa que la europea, e incentivar las políticas climáticas también fuera de la Unión. Aunque la Comisión insiste en que la medida respeta las normas de la Organización Mundial del Comercio, algunos socios, desde Estados Unidos a China, ya han expresado sus reticencias ante la puesta en marcha del mecanismo.

La Comisión empezará a pedir informes de emisiones a los socios comerciales a partir de 2023 y solo aplicaría tarifas a partir de 2026, dando una suerte de periodo de transición a las empresas para que calculen sus emisiones de CO2 y se preparen para adaptarse a la legislación europea.

La batalla por el clima

La propuesta del ejecutivo de Ursula Von der Leyen es que el peso de la transición ecológica, su coste, caiga en la medida de lo posible, en los hombros de la sociedad en su conjunto, no en los de unos pocos, pero no será fácil. La transición requiere inversión pública y privada, innovación en sectores atrasados, pero también, necesariamente, pasa por el cambio en el día a día de los ciudadanos.

“El cambio a esta escala nunca es fácil, incluso cuando es necesario. Por eso, hay quienes dirán que deberíamos ir más lento, más bajo, hacer menos. Pero cuando se trata del cambio climático, hacer menos o no hacer nada, significa literalmente cambiarlo todo,” ha advertido la presidenta.

Quienes se preocupan por el medioambiente y entienden que la acción para frenar la crisis climática es necesaria, van a ver sus convicciones puestas a prueba con una batería de políticas que afectará a su vida diaria. “Sí, es una cuestión de elecciones individuales, pero se hacen en el contexto de una legislación que sirve al bien común,” explicaba una alta fuente europea, “la gran mayoría de nuestros ciudadanos reclama acción contra el cambio climático. ¿Se mantendrán en sus principios cuando afecte a su comportamiento? No lo sé. Pero si no hacemos nada porque los ciudadanos vayan o no a apoyarlo, nos vemos a ver serios problemas.”

La propuesta de la Comisión será ahora examinada con atención por los 27 estados miembros, enormemente divididos en esta cuestión, y el Parlamento Europeo, que tiende a ser más ambicioso. Ambos se embarcarán en los próximos meses en unas duras negociaciones que podrían llevar años, con la presidencia de España del Consejo a la vuelta de la esquina, y el primer objetivo fijado en menos de una década. Si la UE quiere alcanzar la neutralidad climática en 2050, la dramática revolución que la industria necesita tendrá un precio. No hacerlo, también. La Unión se ha puesto ya manos a la obra. La naturaleza no espera.

Además que el fin de la producción de coches diésel o gasolina es una de las medidas clave pero no la única del vasto paquete bautizado como “Fit for 55”, con el que el Ejecutivo comunitario, quiere allanar el camino al objetivo de reducción de emisiones del 55% en 2030, que incluye también iniciativas que afectarán a los sectores aéreo y marítimo.

“Las emisiones de CO2 deben tener un precio para incentivar a consumidores, productores e innovadores a elegir las tecnologías y productos limpios”, ha defendido la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al presentar las grandes líneas de la nueva “hoja de ruta” para situar a la Unión Europea a la cabeza de la lucha climática internacional y justificar que los sectores de la aviación y marítimo serán también incluidos en el sistema europeo de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés).

“Nuestro primer gran hito climático será reducir las emisiones un 55% para 2030”

A Bruselas le preocupa también la falta de compromiso en la reducción de emisiones en áreas como el transporte por carretera o la construcción, por lo que plantea también un sistema de comercio de emisiones paralelo para la distribución de combustible en estos sectores.

El vicepresidente comunitario responsable del Pacto Verde, Frans Timmermans, ha querido subrayar en rueda de prensa que este nuevo sistema se aplicará “a los proveedores de combustible y no a los hogares ni a los conductores” a partir de 2025.

Conscientes de que parte de esta medida podría repercutir en la factura de los usuarios, la Comisión plantea la creación de un Fondo Social para el Clima con el que ayudar a los colectivos más vulnerables a cumplir con el nuevo sistema.

El fondo contará con recursos del presupuesto europeo hasta sumar el equivalente a un 25% de los ingresos previstos a través del sistema ETS para edificios y carreteras, lo que según las estimaciones de Bruselas supondrá 72.200 millones de euros para el periodo 2025-2032.

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