El certificado covid para el ocio y la hostelería se extiende por Europa y en Canarias lo suspenden. #Europa #Covid #Certificado #Canarias #España #Hosteleria #Restricciones #Ocio #Viajeros #Covid19 #Coronavirus #Bruselas #Requisitos #Gregoriff #UnaAlternativa1

Bruselas solo lo regula para los viajes y se pone de perfil ante su uso para el acceso a ciertos lugares que ya aplican una decena de países

Una ventana que con la propagación de la variante Delta especialmente en el sur de Europa y Reino Unido, ha hecho ya que Alemania comience a exigir esta semana cuarentena a quienes regresen desde España, salvo que estén vacunados con la pauta completa o dispongan de anticuerpos tras superar la enfermedad. Se ignora así el test negativo, la tercera prueba incorporada al documento para evitar que fuese discriminatorio. También lo hacen Luxemburgo o Bélgica, entre otros. Y eso es solo una parte de las medidas de control que se vienen planteando desde casi el estreno del ‘pasaporte’, como los test complementarios pasados un puñado de días, aunque se porte uno en origen.

Si esa es la situación para el principio general del certificado (los viajes intraeuropeos) en ningún caso puede esperarse un uso coherente a nivel interno. ¿Presentarlo para ir al cine, entrar en un centro comercial, acudir a un campo de fútbol? Ese debate siempre estuvo ahí. Incluso en una Bruselas que decidió aparcarlo en la negociación de más de un mes del Certificado Digital Covid-19, ante el riesgo de un bloqueo irremediable. Su único recurso: apelar a la «coordinación», «cooperación» y «proporcionalidad». De perfil. Las soberanías nacionales son sagradas.

LA CLAVE:

La Hungría de Viktor Orban fue uno de los primeros que requirió pase de inmunidad a partir de la primera dosis de la vacuna para el acceso a distintos establecimientos y a eventos musicales o deportivos. Lo planteó antes incluso de activarse el ‘pasaporte’ europeo. También fue precursora Dinamarca. Hasta al menos el 1 de septiembre se exigirá para entrar en restaurantes, bares y cafés. Pero hasta el domingo ha venido pidiendo su ‘coronapass’ también en museos, cines e incluso para acudir a un centro de estética, gimnasio o cortarse el pelo.

Austria, Portugal (para la hostelería en fines de semana y para registrarse en sus hoteles), Luxemburgo (mediante una plataforma complementaria con código QR), Irlanda (solo para la hostelería) o Suiza (para discotecas o lugares con más de mil personas), son otros Estados del club que, en distintos niveles, se sirven de esta suerte de ‘pase verde’ para evitar la propagación de los contagios. En Países Bajos, desde hace semanas, también el Gobierno ha autorizado a los propietarios de locales a solicitar un test negativo en la puerta del bar, una discoteca, un centro cultural o un recinto deportivo. Y Grecia, también con aplicación móvil propia, solo da acceso a los ciudadanos vacunados al interior de centros comerciales, hostelería y actividades culturales.

Aquí hay un fuerte componente de imposición de la vacuna entre sus ciudadanos. Lo dejó claro su primer ministro, Kyriakos Mitsotakis: «El país no se volverá a cerrar por la actitud de algunos». Algo similar a lo que ha sucedido en Francia, donde se pide justificante de vacunación desde el pasado 21 en espacios de ocio con capacidad para cincuenta personas o más y que se extenderá en agosto a una lista interminable de recintos públicos. Un anunció que se acompañó de la inoculación obligatoria a varios colectivos de trabajadores, incluidos los sanitarios.

Respeto a los requisitos

El 6 de agosto es la fecha elegida en Italia para que ese pase de vacunación se convierta en salvoconducto para que sus ciudadanos puedan hacer una vida normalizada en bares y restaurantes, piscinas y otros espacios deportivos, así como museos, cines o parques temáticos. Aquí se respetan los tres posibles requisitos del certificado europeo (vacunación con una o dos dosis, test negativo al menos 48 horas antes del evento o haber superado la enfermedad).

Alemania y España serían dos casos más o menos similares en cuanto al debate sobre la utilización de los ‘pases verdes’. Allí hay länder en los que se exige certificado de vacunación o prueba negativa de covid para el acceso a determinados espacios cerrados. Como sucede en Galicia y Canarias y a las que también se han abierto Aragón o Andalucía. El Ministerio de Sanidad, de momento, lo ha descartado.

Primer varapalo judicial a la exigencia del certificado covid para ir al bar.

Ademas la justicia canaria suspende el uso en las islas del pasaporte como salvoconducto en la hostelería, que también está en vigor en Galicia

Primer varapalo judicial a la controvertida decisión de algunas comunidades de exigir el certificado covid de vacunación para permitir la entrada en los locales de ocio.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias suspendió cautelarmente este jueves la medida impuesta por el Ejecutivo insular de reclamar el pasaporte europeo de inmunización o alguna prueba diagnóstica para acceder a bares, restaurantes y otros espacios públicos cerrados como gimnasios.

La Sala del TSJC ha basado su decisión en la jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional así como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que consideran que los «datos relativos a la salud están comprendidos dentro del derecho a la intimidad».

El Ejecutivo regional había establecido esta medida para las islas que se encontraban en nivel 4 (actualmente solo Tenerife) y requería que el 50% del aforo en el interior de los establecimientos estuviera cubierto con clientes vacunados con la pauta completa, con una prueba diagnóstica de infección activa realizada en las últimas 72 horas o con una certificación de haber pasado la enfermedad en los últimos seis meses. Esta norma había sido recurrida por una asociación de empresarios a los que la justicia ha dado ahora la razón. Al menos de manera provisional.

División

Por ahora, la exigencia del certificado para entrar en los bares, además de en Canarias, solo esta vigente en Galicia y quizás también pronto en Cantabria, donde el Gobierno regional ya ha pedido informes para implementarlo. Otras comunidades, como Cataluña, Madrid o la Comunidad Valenciana ya se han posicionado en contra de usar el certificado por el momento, por entender que existen antes hay que despejar las dudas legales sobre una utilización así del pasaporte.

Andalucía y Aragón ven con buenos ojos esta iniciativa, aunque todavía no ha dado el paso de aplicarla, mientras que Castilla-La Mancha no descarta este tipo de tamiz en los locales a través del certificado si hubiera un acuerdo nacional.

El Supremo, como ya ha sucedido con los toques de queda sin estado de alarma, podría sentar en breve doctrina si el Ejecutivo canario recurriera en casación exprés ante el alto tribunal la decisión de su Superior de no avalar el uso del pasaporte covid como salvoconducto en los bares.

Dudas

Sea como fuere, el Ministerio de Sanidad, que no tiene muy claro la legalidad de reclamar este documento a las puertas de los locales de hostelería, ya anunció este miércoles que, por el momento, no considera ningún otro uso de este pasaporte covid que no sea el aprobado por la UE, o sea el de facilitar los desplazamientos de la población vacunada.

Lo cierto, es que los servicios jurídicos del Estado desde el inicio han planteado serias dudas sobre la utilización del pasaporte covid para limitar derechos fundamentales. En primer lugar plantearon que podría ser inconstitucional usar este certificado como criba mientras el 100% de la población no haya tenido opción a ser vacunada, al suponer una clara discriminación con respecto a los que todavía no ha podido inmunizarse.

En segundo lugar, señalaron, como ha hecho ahora el TSJ Canario, que la reclamación de datos vacunales a las puertas de un bar sin garantías de confidencialidad podría violar el derecho a la intimidad.

Y en tercer lugar apuntaron a la posible ilegalidad de establecer una ‘pena de facto’ a una conducta (negarse a ser inoculado) que no está penalizada en la legislación actual. La mayoría de los juristas consultados por Moncloa y Sanidad cuando en primavera se trabajaba en la implantación del certificado coincidieron en que su uso para impedir la entrada a comercios no pasaría el «filtro del constitucional», en tanto en cuanto no se reforma la legislación actual.

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