El Gobierno de España busca apoyos para convalidar el decreto de retirada de las mascarillas mientras varias comunidades reclaman su regreso. #Mascarilla #Caos #España #Europa #Madrid #Gobierno #Covid19 #Pandemia #Julio2021 #Contagios #Comunidades #Gregoriff #UnaAlternativa1

El uso de la mascarilla en exteriores sigue siendo uno de los grandes focos de debate entre los dirigentes implicados en la gestión de la pandemia. Después de que el Consejo de Ministros aprobara el decreto ley el pasado 24 de junio para eliminar la obligatoriedad del tapabocas siempre que se pueda mantener la distancia de seguridad, el Congreso deberá votar este miércoles la convalidación de dicho decreto, aunque con una situación epidémica muy distinta a la que se vivía cuando entró en vigor a finales de junio.

Tal y como establece la ley, antes de que pase un mes desde su aprobación, se debatirá sobre la obligatoriedad de las mascarillas, en un pleno extraordinario que llega marcado por las dudas sobre el sentido del voto de varios grupos. A la situación de incertidumbre, además, se une que la semana pasada el Tribunal Constitucional declaró institucional el confinamiento del primer estado de alarma. 

Durante estas últimas semanas, y pese al buen ritmo que lleva el proceso de vacunación, la quinta ola del coronavirus golpea cada día con más fuerza en España, con los principales indicadores en plena escalada. Ante esta nueva realidad, varias comunidades han dado marcha atrás a la desescalada, imponiendo nuevamente restricciones para frenar el avance del virus.

Varias comunidades piden recuperar la mascarilla

Por todo ello, el debate se espera bronco y muchos grupos lo aprovecharán para exigir al Gobierno que vuelva a dar cobertura jurídica a las medidas ante la disparidad de criterio entre los Tribunales superiores de Justicia de las comunidades. 

Entre los dirigentes que han alzado la voz en las últimas horas se encuentra el lehendakari Íñigo Urkullu, que ha enviado una carta a Pedro Sánchez pidiéndole que modifique el decreto para hacer obligatorio de nuevo el uso de la mascarilla. A la petición también se ha unido Andalucía, donde gobiernan en coalición el PP y Ciudadanos.

El Gobierno recuerda que la mascarilla aún es obligatoria

Preguntada por la carta de Urkullu, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha recordado que la mascarilla sigue siendo obligatoria en toda circunstancia salvo en exteriores cuando haya un metro y medio de distancia de seguridad y ha instado a hacer cumplir esta norma. Una postura que también ha expresado la ministra de Sanidad, Carolina Darias, tras el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 

“Las mascarillas siguen siendo obligatorias en nuestro país y solo dejan de serlo en algunos supuestos muy concretos”, ha asegurado. Además, ha lamentado que “hemos visto imágenes que no nos gustan pero no es una cuestión de la norma, es una cuestión del cumplimiento de la norma”.

A su vez, pese a las reclamaciones de las comunidades, Isabel Rodríguez ha apuntado que las autonomías aún tienen “margen” de actuación para frenar la quinta ola, añadiendo que “algunas lo están haciendo con mucho éxito para avanzar en este tipo de medidas de contención y ese es el marco en el que debemos de movernos”.

Altos niveles de contagio

Por otra parte, “ante los niveles de contagio que se están dando y las situaciones dispares que se están produciendo como consecuencia de las ratificaciones o no de los Tribunales de Justicia correspondientes” en cada comunidad autónoma, el lehendakari ha solicitado a Pedro Sánchez “formalmente, en nombre de una cogobernanza real y efectiva, la adopción urgente” esta misma semana de las medidas necesarias para dotar a las autonomías de un marco de seguridad jurídica “suficiente” para que puedan aplicar, de inmediato, medidas.

De esta forma, pretende que se facilite que las comunidades autónomas puedan limitar la movilidad nocturna y el número de personas que se puedan agrupar “en diferentes circunstancias”.

Menos máscaras, más mascarillas: la pandemia sigue

Un año después de proclamar que habíamos vencido al virus y ofrecer el regreso a la nueva normalidad, que apenas duró unas pocas semanas antes de que una nueva ola arrasara con los buenos deseos y después a ésta le siguieran otras olas devastadoras… este verano el Gobierno ha repetido proclamando el fin de las mascarillas y la resurrección de las sonrisas. Días después, en el homenaje del Palacio Real, han tenido que oír esto.

Pedro Sánchez- “Volveremos a disfrutar en la calle de una vida sin mascarilla… Nuestras calles, nuestros rostros recuperarán en los próximos días un aspecto normal y, por tanto, comparto que la alegría de vivir de la sociedad española… Vamos dejando atrás lo que llamábamos la nueva normalidad el pasado verano para aproximarnos cada vez más a la normalidad a secas”.

En las calles, más que sonrisas, cada vez hay más mascarillas, mientras aumentan los muertos y hospitalizados a mayor ritmo que un año atrás en estas mismas semanas a pesar de la vacunación. Variantes más agresivas y eventos supercontagiadores sobre todo entre los jóvenes –botellones, viajes a las costas, fin de un curso restrictivo con las hormonas dispuestas a salir embistiendo como Miuras en los toriles– han obrado con lógica implacable. Lo que ha quedado al descubierto, más que sonrisas, es el efecto propagandístico de la medida para contrarrestar los indultos. La quinta ola ha helado las sonrisas de protección oficial.

Comunidades desnortadas

Y ahora las comunidades, sin seguridad jurídica, a expensas de los tribunales y de sus propias contradicciones, se enfrentan a una gestión complicada. En Valencia sí, en Canarias no, en Cantabria quizá, en Cataluña en parte… El Gobierno traspasó la gestión a las comunidades sin dotarlas de instrumentos para actuar, después de haber comprometido un año atrás ese instrumento legislativo. ¿Por qué nunca llegó?.

Las comunidades a menudo han incurrido en contradicciones sobre el liderazgo y el modelo de gestión de la pandemia, con o sin mando único, con o sin mando compartido, con o sin uniformidad de normas. Finalmente tuvieron que enfrentarse a lo obvio: sin estado de alarma, quedaban muy expuestos. Pero el Gobierno optó por desoírlas y acabar con el estado de alarma. ¿Por qué prescindir de esa última red de seguridad? Previsiblemente –aquí quedó escrito hace semanas– porque al Gobierno le filtraron desde dentro que el TC iba a declarar inconstitucional el estado de alarma, y se precipitó a dejarlo decaer, jugándosela a que las vacunas ganarían la batalla. 

¿Qué hacer? Ir contra el TC

Tras la inconstitucionalidad del estado de alarma, cabe prever que la cosa empeore con la anulación tras el verano de la prórroga del estado de alarma de seis meses que entregaba la gestión a las comunidades. Y ahí la censura del TC será mayor, porque ya no es una cuestión técnica –eso que Margarita Robles desdeña como “elucubraciones doctrinales”– sino de calado político: el Gobierno adulteró el espíritu constitucional con la prórroga de seis meses para limitar definitivamente el control parlamentario.Ante este panorama, la reacción el Gobierno ha sido tratar de desacreditar al Tribunal Constitucional.

Cs y los ex presidentes

La política a menudo parece encajar en la definición de Groucho: “el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados”. ¿Pensión vitalicia para los ex presidentes? Es algo que el PSOE lleva tiempo persiguiendo, después de que Griñán en 2011 eliminara el llamado “pensionazo” de tiempos de Chaves. Hay un documento del PSOE en junio proponiendo una solución al actual Gobierno. Desde el Gobierno no se descartó, e incluso se ha avalado la propuesta con mensajes públicos de “dignificar” la figura de los ex presidentes. Pero más allá de las buenas intenciones, se daba un mal contexto para que algo así fuese adelante. Cs, UP-A, AA y Vox se opondrían y habría ruido. Y desde el PSOE, viéndolas venir, se anticiparon con astucia de viejos zorros y filtraron que era iniciativa del PP. Eso sí, no han desmentido el documento suyo con la propuesta. Se diría que optaron por golpear a sabiendas de que si se golpea primero, se golpea dos veces. Y así fue: todos los grupos parlamentarios, socios o adversarios, se lanzaron contra el PP pillado en órsay. Parafraseando a Corleone, “no es nada personal, sólo política”.

El alcalde de Málaga puso en evidencia el centralismo corrosivo que marcó la construcción de la administración andaluza, y que perseveró hasta entrado el siglo XXI, con ejemplos tan regresivos como las cuencas hidrográficas. El alcalde de Sevilla admitió, cortésmente, que la razón estaba en la visión municipalista de De la Torre, con el antecedente del gran alcalde socialista Pedro Aparicio. En Europa, el peso no se reparte entre Estado y regiones, sino entre Estado y ciudades.

El alcalde de Málaga fue más allá del centralismo y también cargó contra el localismo. Esta misma semana recordaba que él apoya la incubadora de la Agencia Espacial Europea en Sevilla y también la candidatura de Granada para el acelerador de partículas IFMIF-DONES, pero se lamentaba amargamente de que ninguna de ellas apoyase a Málaga en su demanda de la Agencia Europea del Medicamento. En fin, más allá de que Málaga también haya incurrido en lógicas localistas muchas veces, hay algo obvio: o las ciudades andaluzas entienden que la fuerza de las demás hace más fuertes a todas, o seguirán siendo enemigas del progreso de Andalucía.

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