Un tribunal Obliga a Texas a revisar su ley electoral porque podría ser discriminatoria

Electores esperando para votar en las primarias en Austin, Texas, el 1 de marzo de este año. Credit Ilana Panich-Linsman para The New York Times

HOUSTON, Texas — Un tribunal federal de apelaciones dictaminó la semana pasada que la legislación de Texas que establece qué documentos de identificación pueden presentar los electores —una de las más estrictas del país— viola la Ley del Derecho al Voto, por lo que ese Estado debe hacer ajustes adecuados para algunos electores que tienen dificultades para obtener los documentos necesarios.

Esta norma, aprobada por una legislatura con mayoría republicana y sancionada por el gobernador Rick Perry en 2011, entró en vigor en 2013. Establece que, para votar, los electores deben presentar un documento de identificación emitido por el gobierno, entre ellos la licencia para conducir, el pasaporte, la cartilla de identificación militar o la licencia para portar una pistola oculta. A diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países de América Latina, donde a los electores se les exige algún tipo de identificación oficial para votar, en Estados Unidos basta con estar registrado para tener derecho a voto.

A fines de 2015, The New York Times publicó una investigación en la que se señalaba que el voto latino sería decisivo en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, y revelaba las distintas estrategias a las que recurren algunos estados para limitar el acceso al voto de ciertas minorías.

Algunos demócratas y activistas del derecho al voto celebraron la decisión del tribunal por considerarla una victoria significativa en uno de los casos sobre derecho al voto que más seguimiento ha tenido. Se trata de la cuarta vez en casi cuatro años que un tribunal federal dictamina que la legislación de Texas discrimina o afecta de manera desproporcionada a los electores negros e hispanos.

“El tribunal hizo bien en reconocer el tufo a discriminación”, declaró Trey Martinez Fischer, representante del Estado que preside el caucus legislativo mexicoestadounidense, uno de los tantos grupos de minorías, electores y legisladores demócratas que promovieron acciones contra el estado de Texas debido a esta legislación.

El Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Quinto Circuito en Nueva Orleans determinó que la legislación tiene un efecto discriminatorio contra las personas negras y latinas, que muchas veces no cuentan con los documentos de identificación que estipula la legislación de Texas. Pero este dictamen no habla de derogar la ley, sino que instruye a que se busquen nuevos procedimientos para ayudar a los electores potenciales que no cuenten con las identificaciones necesarias.

El dictamen también dispone que se vuelva a examinar si los legisladores de Texas actuaron deliberadamente con discriminación al aprobar la legislación en 2011, lo cual habría hecho obligatoria una nueva revisión judicial para cualquier cambio a las normas de Texas en materia de elecciones.

El gobernador Greg Abbott, republicano que defendió la ley sobre las identificaciones de los electores en algunas disputas legales cuando se desempeñaba como fiscal general del Estado, dijo que el tribunal había llegado a la conclusión equivocada. Los legisladores republicanos han respaldado por mucho tiempo esta legislación, argumentando que es necesaria para evitar el fraude electoral.

“El fraude electoral es real, y afecta la integridad de todo el proceso electoral”, subrayó Abbott en una declaración. “Texas seguirá haciendo todo lo posible para garantizar que ningún voto ilícito llegue a las urnas”.

Un juez de otro tribunal inferior determinó que alrededor de 608.000 electores registrados en Texas no contaban con el tipo de identificación que requiere la ley, y que un número desproporcionado de estos electores eran de raza negra o hispana. El juez basó su decisión en testimonios y datos que presentaron algunos expertos durante el juicio que se llevó a cabo en 2014 en Corpus Christi. Los abogados que representaron a Texas cuestionaron la precisión de esa cifra.

En su sentencia, el Quinto Circuito pidió a un juez de un tribunal inferior que encontrara un recurso que “altere lo menos posible las normas de identificación de los electores para las elecciones de 2016”, pero elimine el efecto de discriminación que la legislación tiene para los electores de las minorías. El tribunal hizo hincapié en que una posible solución sería aceptar como identificación la credencial de elector de los electores registrados. El tribunal también instruyó al juez a que reevalúe las pruebas para decidir si la legislatura de Texas discriminó intencionalmente a personas negras e hispanas, pero lo invitó a esperar a que concluyan las elecciones de noviembre.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, puntualizó en una declaración que el Estado tenía el deber de salvaguardar las elecciones. “Evitar el fraude electoral es esencial para reflejar con precisión la voluntad de los electores de Texas en las elecciones, por lo que es una desgracia que no se mantenga íntegra esta legislación que se basa en el sentido común y ofrece protección contra el fraude”, concluyó Paxton.

Cuando se le preguntó si el Estado apelaría la decisión ante la Suprema Corte, una vocera de Paxton, Kayleigh Lovvorn, respondió: “En este momento estamos evaluando todas nuestras opciones”.

Richard L. Hasen, profesor de derecho en la Universidad de California, Irvine, consideró que la decisión emitida el miércoles “tenía un gran significado simbólico” para el derecho al voto en todo el país. Desde que la Suprema Corte suavizó las disposiciones de la ley federal de Derecho al Voto en 2013, varios Estados han “reforzado” los requisitos de identificación para los electores.

El Quinto Circuito, conocido quizá como el tribunal de apelaciones más conservador del país, dictaminó en esencia que “una legislación sobre los documentos de identificación que se solicitan a los electores puede caer en excesos”.

“Si se permite a Texas hacer lo que ha estado intentando, sería como abrir el camino para que otros Estados intenten algo similar”, aseveró Hasen.

Sin embargo, añadió, la victoria de la parte querellante no fue tan significativa, pues el tribunal no derogó la ley.

Myrna Pérez, subdirectora del programa sobre democracia en el Centro Brennan de Justicia de la Universidad de Nueva York, quien participó en la preparación del caso de la parte querellante, dijo que el dictamen era una “gran victoria”.

“El tribunal determinó que la legislación es discriminatoria y requiere ajustes”, indicó.

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