Políticas migratorias en Europa tan legales como demagógicas

AZUZADO POR el avance de formaciones xenófobas y antieuropeístas, al amparo de una crisis sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial y urgido por las elecciones a la Eurocámara del próximo 25 de mayo, un viejo fantasma parece decidido a recorrer de nuevo Europa.

El anuncio de un «estudio» del Gobierno de coalición alemán que plantea expulsar a los ciudadanos comunitarios que no logren empleo en seis meses ha sido el penúltimo episodio de un relato esbozado antes por otros países de nuestro entorno. Francia deportó gitanos en 2010 y 2012, por lo que la Comisión Europea le abrió un expediente. Bélgica mostró en 2013 el camino de vuelta a casa a cerca de 5.000 ciudadanos de la UE, casi 300 de ellos españoles. Suiza aprobó establecer cupos a extranjeros en el referéndum de febrero. Y Reino Unido decidió desterrar a los mendigos no británicos en noviembre y presentó también el resultado preliminar de otro estudio en el que amagaba con imponer restricciones a las ayudas y subsidios.

El caso alemán, que responde a unas circunstancias concretas, como el ascenso por primera vez de una formación antieuropea (Alternativa por Alemania) y la presión de los democristianos bávaros (CSU), es paradigmático porque permite valorar hasta qué punto el debate sobre la inmigración como amenaza está prendiendo en el corazón de Europa.

Tan sólo unos días después del inquietante triunfo del Frente Nacional de Marine Le Pen en la primera vuelta de las municipales de Francia, nada menos que dos ministros alemanes, uno democristiano y otro socialdemócrata, han adelantado los resultados de una propuesta-estudio contra el denominado turismo de beneficencia cuyas conclusiones no estarán disponibles hasta junio. El objetivo electoral es indudable. Pero Alemania es la primera potencia de la UE, su desempleo apenas llega al 6%, tradicionalmente ha sido un país de acogida, no existe un problema de saturación de su amplio sistema asistencial y, en realidad, las restricciones previstas están más bien dirigidas contra la inmigración de origen búlgaro y rumano.

El portavoz de Empleo y Asuntos Sociales de la Comisión Europea subrayó ayer que expulsar a los inmigrantes que no logren trabajo, penalizar el fraude para lograr permisos y limitar el reingreso de ciudadanos comunitarios que hayan delinquido no vulnera en absoluto las directrices europeas. Los ciudadanos de la UE tienen libertad de circulación durante tres meses, a partir de los cuales deben demostrar que no son una carga para los sistemas asistenciales. Faltaría más que las medidas fueran contrarias a la legislación europea. Pero no deja de ser hipócrita que las mismas autoridades que ponen el grito en el cielo e incoan investigaciones cuando se trata de enjuiciar el modo en que España trata de contener la inmigración ilegal, se apresten a justificar amagos políticos y discursos que, aun siendo legales, tensan y alteran de raíz la idea y el espíritu de Europa.

No se trata de refugiarse en el buenismo para dar la espalda a problemas reales como el fraude en la captación de ayudas, o el mantenimiento de los sistemas de prestaciones. Pero estos debates, por acuciantes que sean, no pueden servir de pretexto para alentar mensajes tan demagógicos y populistas.

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